Columnista

 Xalapa, Ver.,

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AGENDA CIUDADANA.


Presupuesto de egresos 2010: Q.R.R.

 

Rebecca Arenas

Luego de 195 cambios al proyecto del ejecutivo y la reasignación de 96 mil 626 millones de pesos, finalmente se aprobó el presupuesto de Egresos 2010, siendo los grandes beneficiarios los gobiernos estatales y municipales, no solo porque los diputados federales les aumentaron los recursos, sino porque los exentaron de la obligación de comprobar cómo utilizarán ese dinero.
Suena escandaloso y lo es. Aunque en el tema presupuestal ingresos-egresos las cosas vienen mal de tiempo atrás. México nunca ha funcionado en los hechos con un federalismo bien entendido, donde la responsabilidad de cobrar impuestos y de ejercer el gasto se realicen de manera proporcional entre los estados y el gobierno central.
Por su añeja vocación centralista, el gobierno federal cobró durante muchos anos, más del 90% de los impuestos y ejerció el gasto de más del 80% de los recursos. Fue apenas a principios de esta década, que se buscó corregir este absurdo, logrando que las autoridades locales ejercieran más de 40% del gasto, aunque la tarea de cobrar impuestos continuó siendo responsabilidad, casi total, del gobierno federal.
Aunque lo lógico hubiera sido, que siguieran los avances para equiparar gradualmente derechos y obligaciones, entre los tres niveles de gobierno, como en política no hay lógica, lo que ahora constatamos, es que estamos yendo para atrás. .
La aprobación del presupuesto de egresos 2010, más allá de los montos conseguidos por los gobiernos estatales, elimina todas las facultades de la Federación para "suspender la canalización de recursos por incumplimientos en la aplicación de los mismos, o por falta de entrega de información relativa al avance de los programas" Es decir, que el dinero recaudado por la Federación en provecho de los Estados será usado sin que éstos rindan cuentas a los contribuyentes que lo aportaron.
Lo anterior sienta un precedente negativo, un grave retroceso, en el difícil camino hacia la transparencia y la rendición de cuentas que inició nuestro país hace algunos años, para acotar los excesos y desvíos del poder público.
¿Para qué la Ley de Transparencia y la Rendición de Cuentas? ¿Para qué el IFAI, y la Auditoría Superior de la Federación? Si de un plumazo, los legisladores federales deciden un presupuesto de egresos a modo, haciendo alarde de su facultad discrecional
Al dejar a las autoridades estatales y municipales sin vigilancia, los legisladores están violando la Constitución, pero en el contubernio de toma y daca que se produjo en San Lázaro, ¿Quien está hoy en condiciones de enmendarles la plana? ¿Quién va a vigilar a los vigilantes?


La ciudadanía esta molesta, porque la reasignación del presupuesto de egresos 2010, fue hecha de última hora, sobre las rodillas. ¿La razón? el proyecto plagado de equívocos y omisiones que envió a San Lázaro la Secretaría de Hacienda. Pero la historia no es nueva, y los diputados no han tomado aún las medidas necesarias, para lograr que Hacienda cumpla cabalmente con su tarea. ¿Qué esperan?
El otro aspecto que terminó por quitarle la venda de los ojos a la ciudadanía, fue el intenso jaloneo por la reasignación presupuestal, no solo entre las fracciones, sino al interior de éstas. Lo que quedó muy claro, es el sometimiento de los legisladores federales a sus gobiernos locales, a quienes deben la curul, sin importarles que quienes pagan sus sueldos son los contribuyentes.
El próximo año, habrá elecciones en once estados, y la ausencia de transparencia que votaron los legisladores, le caerá como anillo al dedo a los gobiernos locales, para actuar a sus anchas, con obras de relumbrón, con programas sociales emergentes; para hacer grandes campañas y ganar elecciones. Todo esto con cargo a los afligidos contribuyentes.
Ni hablar de que la LXI legislatura, discuta las iniciativas que podrían significar un cambio positivo en nuestro empantanado proyecto democrático, como la reelección legislativa, las candidaturas ciudadanas, la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, la reducción de número de diputados y la reducción a los presupuestos de los partidos políticos. Todas irán a parar a la congeladora, para que las cosas se queden como están.
Pero ¿Quien tiene la culpa de que la clase política se comporte así? Sin duda, los electores que siguen creyendo en sus promesas de campaña y siguen dándoles su voto y su pasividad, para que hagan lo que les venga en gana.
Pero el hartazgo ciudadano sigue en aumento y cobrará esta factura en las urnas a quien resulte responsable. Al tiempo.



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